El Diputado Vladimir Parra Barragán solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado, investigue al Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y al Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, por su posible corresponsabilidad al permitir que elementos de seguridad pública realizaran labores fuera del marco legal, lo que derivó en la muerte de los siete policías encontrados el 2 de junio. Esto debido a que el Gobernador de Colima es el coordinador del trabajo y política de seguridad al interior del Estado y de las dependencias gubernamentales y al Secretario General de Gobierno por autorizar el despliegue, en un primer momento, de elementos de seguridad sin solicitud expresa. Además de que se indague la mecánica de cómo se han brindado los apoyos de seguridad pública en funciones de seguridad privada y finalmente se verifique o descarte la posibilidad de que se hubiesen generado actos de corrupción en estos procedimientos o mecanismos de autorización. Esta solicitud se deriva de los acontecimientos que se relataron durante la comparecencia realizada por el poder legislativo al mismo Gobernador y al Secretario General, el pasado 3 de junio, de manera virtual y asumiendo que se condujeron con la verdad durante dicho evento, por lo que se solicitará la intervención de la Fiscalía General. Agregó que los siete elementos murieron en el cumplimiento de instrucciones ajenas al marco de la legalidad y en donde se presume que el Coronel Alberto San Miguel actuó cumpliendo una orden del Gobernador. Por su parte el Gobernador argumentó que ninguno de sus Secretarios está facultado para tomar decisiones unilaterales sin consultarlo a él. Sin embargo el legislador Parra Barragán expuso que sería responsabilidad de sus Secretarios, negarse a ejecutar una orden que el propio Gobernador les imponga cuando ésta se encuentra ajena al marco de la legalidad. Lo anterior debido a que la petición de los empresarios fue recibida por el Secretario Particular de Ignacio Peralta, motivo por el cual el ex Secretario no pudo haber actuado a espaldas de su jefe inmediato, sino con el consentimiento y conocimiento de éste. El mismo Sanmiguel relató en un documento leído por el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa, que “se consideró viable brindar la seguridad perimetral solicitada, toda vez que no se trataba de un operativo, sino de ofrecer seguridad perimetral”. El legislador explicó que durante la comparecencia, el mandatario estatal expuso que no era la primera vez que se prestaba un servicio de escoltas con elementos de seguridad pública, ya que él tenía conocimiento de otras dos ocasiones previas. El Gobernador dijo que la primera vez que se solicitó el servicio de seguridad, por parte de los Grupos Mineros, fue hace varios meses y de manera verbal, además agregó que solicitó a los funcionarios públicos se atendiera dicha petición. Parra Barragán agregó que Ignacio Peralta expuso que han existido varias solicitudes, durante su administración, de empresarios que buscan elementos de seguridad para potenciales proyectos de inversión. Con lo anterior era lógico que la tercera vez que se solicitó el servicio, el Coronel Sanmiguel ya sabía lo que se tenía que hacer, debido a las dos instrucciones previas emanadas desde el titular del poder ejecutivo, comentó el diputado morenista. En ese sentido, Parra Barragán indicó que, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, tiene la obligación de informar a la autoridad competente para que se investigue de manera formal este hecho, toda vez que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a las autoridades a informar de hechos que pudieran constituir un delito, cuando se tengan conocimientos de estos. Por todo lo anterior solicitará se investigue hasta las últimas consecuencias de los hechos, así como saber si existió celeridad en la renuncia del ex Secretario Sanmiguel con el fin de ocultar información y evadir responsabilidades que recaen sobre el Gobernador Ignacio Peralta y el Secretario Arnoldo Ochoa.
