La Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena,
presentó al Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversas
disposiciones de la Constitución local en torno a la defensoría pública
de Colima, y crear la Ley del Instituto de la Defensoría Pública en
nuestra entidad, turnándose a comisiones para su análisis y
dictaminación.
Expuso que a lo largo de los últimos años, la ciudadanía colimense ha
sorteado la problemática de no tener una defensa jurídica asegurada,
gratuita, eficaz, efectiva, que vele por el pleno cumplimiento de los
Derechos Humanos.
“Si bien las y los defensores de oficio y nuestro sistema de Defensoría
Pública en Colima han hecho un trabajo titánico, se necesita una
defensoría pública autónoma, con mayor peso en la administración pública
y basada en los estándares internacionales”, consideró García Ramírez.
Dijo que como miembros del Poder Legislativo “es nuestro deber
implementar leyes que hagan efectivas las garantías contempladas en los
tratados internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos”.
Por lo que -dijo la legisladora de Morena- se deben buscar mecanismos
para dar independencia y autonomía funcional a la Defensoría Pública de
nuestra entidad, a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la
defensa de las personas.
La iniciativa busca reformar el artículo 85 de la Constitución local
para establecer que el Estado garantizará un servicio de defensoría
pública profesional, gratuito y de calidad para toda aquella persona que
no esté en condiciones de retribuir los servicios profesionales de un
abogado postulante y que requiera asesoría o representación jurídica en
materia penal, así como en el ámbito familiar, administrativo, fiscal,
mercantil y civil.
La defensoría se ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública
del Estado de Colima, el cual será un órgano autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, que contará con autonomía
técnica, financiera y de gestión en los términos previstos de esta
Constitución.
La Ley del Instituto de Defensoría Pública fijará su organización,
atribuciones y competencia; también establecerá el servicio profesional
de carrera para los servidores públicos adscritos a dicho Instituto. Las
percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán
ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio
Público.
De manera complementaria, García Ramírez sometió a la consideración del
Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la nueva Ley
del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.
Argumentó que en nuestro estado, la defensoría pública carece de
independencia financiera, patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión. “En diferentes entidades de nuestro país la situación es
similar, con diversas variables, pues en algunos estados la defensoría
pública depende del Poder Judicial y en otros ubican a esta dependencia
en el Poder Ejecutivo”.
Debatir y tratar la naturaleza jurídica idónea de la Defensoría Pública
de nuestro Estado es una excelente oportunidad para asegurar y velar
por los derechos humanos de todas las personas en nuestro territorio,
enfatizó la legisladora morenista.
La iniciativa de Ley con proyecto de Decreto pretende abrogar la Ley de
la Defensoría Pública del Estado de Colima, para expedir la nueva Ley
del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Colima.
Esta Ley es de orden público, observancia e interés social y sus
objetivos son regular la prestación de los servicios de defensoría
pública gratuita, con calidad y profesionalismo en asuntos del fuero
común, a fin de garantizar el derecho a la defensa, orientación,
asesoría y representación jurídica en materia penal, familiar, civil,
administrativa, fiscal, mercantil, agrario y de amparo.
Así como para la solución de controversias a través de medios alternos a
efecto de establecer las bases que tutelarán los procedimientos y
garantizarán los derechos humanos de la ciudadanía colimense en el
respeto de los derechos humanos y la protección de los intereses de los
beneficiarios.
El fundamento y los principios de esta Ley se sustentan en el derecho
humano de salvaguardar la libertad, la integridad y el acceso a la
justicia a través del debido proceso en igualdad de condiciones ante los
órganos jurisdiccionales; así como la tutela judicial efectiva y una
defensa jurídica gratuita, de calidad y eficiente.