El día 26 de septiembre de 2019, se celebró la Sesión Solemne #1 del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del Segundo Periodo de Receso, en la que fue escuchado el Primer Informe de Actividades Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado de Colima, en voz de su titular, el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez.
En el protocolo de participaciones, fue la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, nueva presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de la LIX Legislatura la que abrió con una intervención que a todas luces incomodó al licenciado Verduzco así como al propio Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González que también se encontraba presente como invitado; ya que los señalamientos puntuales que la legisladora morenista hizo en referencia a la ineficiente labor de Fiscalía ante la preocupante y alarmante situación de inseguridad que viven día a día los colimenses actualmente.
Y es que Blanca Livier recurrió a los datos publicados en el portal oficial del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, en el portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en el portal oficial del Registro Nacional de Datos de Personas para referirse a la «ineficacia» en el sistema de impartición de justicia de nuestro estado, el cual no cuenta con la confianza del 50% de la población según los indicadores.
La diputada de MORENA destacó más indicadores para la «vergüenza», como que Colima se encuentra dentro de las 10 entidades de la República con mayor impunidad en lo que respecta a delitos dolosos, con un indignante 94.7% de casos de impunidad, muy por encima de la media nacional. O como en la categoría de “efectividad de procuración de justicia”, en la que se cayó del 43.1% en 2018 al 13.3% en lo que va de este 2019: esto equivale a una pérdida porcentual de casi el 30% que nos ubica por debajo de la media nacional.
Agregó además que sólo el 13.3% de los casos vinculados a proceso concluyen con una efectiva aplicación del sistema acusatorio, y esto se traduce posteriormente a la pobre cifra de solo 1.6% de los delitos cometidos son esclarecidos.
Rodríguez Osorio también se refirió al apartado de crímenes por razones de género, en donde también está fiscalía está «reprobada». Citó cifras para «las páginas más penosas de la historia de Colima», como el promedio de 3.4 de cada 100 mil mujeres que son víctimas de feminicidio, lo que representa de lo que se registra en promedio en todo el país. Y en cuanto a mujeres desaparecidas en todo el estado, señaló que Manzanilo cuenta con el 38% de los casos, además de que ese municipio lleva más de 16 años consecutivos siendo el lugar más peligroso para ser mujer, pues ahí se concentra más del 29% de crímenes en razón de género de toda la entidad. Y también cuestionó sobre los recursos presupuestales que esta Fiscalía recibió desde que se decretó oficialmente la Alerta de Violencia de Género en junio del 2017, pues hasta la fecha no se han visto reflejado ningún protocolo gubernamental de seguridad para las mujeres.
En otro momento, Blanca Livier cuestionó también sobre la reciente auditoría sobre los manejos financieros y los procesos administrativos y organizaciones de las áreas de seguridad y justicia del gobierno estatal, ya que se determinó, según datos oficiales, que Colima no cumplió con muchos de los objetivos para los cuales recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados, pues originalmente se reportaron 280 mil 294 metas para el concepto “Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016”, de las cuales solo se alcanzaron 144 mil 638 antes de concluir ese mismo año. Lo anterior representa un avance de apenas el 51.5%, quedando pendientes por cumplir 136 mil 285 metas.
Al final, la diputada de MORENA, presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes dijo no culpar a los ciudadanos colimenses por desoconfiar de las autoridades en materia de impartición de justicia y prevención del delito, pues los números simplemente no hablan a favor de la Fiscalía General del Estado ni de la sociedad en general. Blanca Livier dijo no compartir el optimismo del Gobierno del Estado, cuyo titular recordó «prometió que íbamos a vivir más seguros», y que esa desconfianza general es legítima. Dijo que a nombre de su comisión que la Fiscalía podrá encontrar en el Congreso a un aliado para coadyuvar esfuerzos en favor del bienestar de la seguridad y bienestar de los colimenses, siempre y cuando, claró, se rijan estas acciones por los principios de imparcialidad, transparencia, rectitud y congruencia al momento de impartir justicia.
A continuación te compartimos el posicionamiento completo de la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio:
Buen día a todos los que nos acompañan: al público en general, a los medios de comunicación, a la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, al Secretario General de Gobierno y al Fiscal General del Estado de Colima, el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, a quien reconocemos y agradecemos que esté aquí brindando este informe porque, como seguramente bien percibe en el sentir de los colimenses, su presencia es muy importante.
Como presidenta de la comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de esta 59 Legislatura, hoy tengo que registrar un cúmulo de inquietudes, preocupaciones e interrogantes que no solo surgen de esta soberanía, sino también de la ciudadanía en general, y que debo dirigir a su persona como titular de la Fiscalía del Estado. Porque son los ciudadanos allá afuera, licenciado, los que día a día viven situaciones de barbarie y a las que no debemos ni podemos permitirnos acostumbrarnos a ellas, como lamentablemente parece que viene siendo para las nuevas generaciones.
No quisiera hacer mucho preámbulo porque hay mucho de qué hablar sobre nuestro sistema de impartición de justicia y prevención del delito en Colima; mucho de qué hablar y también mucho lo que nos deja por desear, pues se debe reconocer que en los últimos años, particularmente desde que inició este actual gobierno estatal no se ha visto reflejada ninguna mejoría en cuanto a la seguridad y bienestar de nuestras comunidades, por el contrario, la situación ha empeorado. Aunque debemos reconocer también, en abono a el poder ejecutivo en su actual representación, que este es un tema que se viene palpando lastimosamente desde gobiernos pasados, estatales y nacionales, producto de políticas públicas erróneas e insensibles con las que dieron la espalda a las nuevas generaciones, a su educación y a sus oportunidades de trabajo y desarrollo. Y esto hoy como consecuencia nos tiene inmersos en una situación que podríamos llamar precaria, de inminente riesgo para todos los ciudadanos todos los días ante la aparente ineficacia e de nuestras autoridades en materia de seguridad.
Por eso, sobre lo expuesto anteriormente detallaré y fundamentare a fondo muy puntualmente, refiriéndome específicamente a cifras oficiales –aunque no siempre sean las reales- que reflejan una cruda realidad que con los años ha venido en decadencia en nuestro querido y tan dolido Estado de Colima.
Por ejemplo, me referiré primero a los datos del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, en el cual se analizan los indicadores de operación, resultados y política criminal con los que se evalúan el desempeño general de esta fiscalía, así como otros factores como la imparcialidad, la no discriminación, la ausencia de corrupción e injerencia política en los procedimientos. Y estos son los preocupantes datos que nos arrojan:
Hay que partir del tema tan fundamental como lo es la confianza de la ciudadanía en esta fiscalía que usted representa, ya que estos indicadores dicen que más de la población del estado no confían en ustedes. En cambio, menos del 11% (10.7 exactamente) de la población mayor de 18 años apenas dice confiar en ustedes. Este dato es el indicador más efectivo sobre la percepción de sus resultados y la efectividad en la impartición de justicia.
¿Pero cómo no habría de ser así de alarmante este indicador? Si por ejemplo tenemos en la evaluación de “la efectividad de la resolución de los asuntos de competencia local que ingresan a la fiscalía”, los siguientes datos: Colima tuvo una notable disminución en la categoría “efectividad de procuración de justicia”, cayendo del 43.1% en 2018 al 13.3% en lo que va de este 2019. Esto equivale a una pérdida porcentual de casi 30% (29.7), lo que nos ubica por debajo de la media nacional. Y esto es así porque solo el 13.3% de los casos vinculados a proceso concluyen con una efectiva aplicación del sistema acusatorio del 100% de los delitos denunciados; lo que nos lleva a que solo el 1.6% de los delitos que se cometieron son esclarecidos.
Pero ahora pasemos al apartado de “efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión”, otro indicador que nos ubica deshonrosamente debajo de la media nacional. Aquí encontramos que la Fiscalía General del Estado de Colima solo realiza detenciones en el 50% de los delitos denunciados. Y cabe destacar un factor muy importante y revelador, que debe analizarse cuidadosamente: cuando se hace la evaluación de los delitos que ese están llevando ante los jueces, resulta que en su gran mayoría estos son delitos menores –muchos de ellos cometidos por jóvenes y mujeres de escasos recursos o por adultos mayores- pero en los delitos que realmente duelen a la ciudadanía, es decir los que atentan a la integridad física o el patrimonio de las personas, nos encontramos que estos representan la gran minoría de los que evalúan los jueces. Esto nos habla de una clara parcialidad en la impartición de la justicia, en detrimento de las personas más vulnerables y en beneficio de los verdaderos criminales y delincuentes que sí representan una amenaza para la sociedad.
“La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”, decía el escritor Eduardo Galeano al referirse a los sistemas de impartición de justicia ineficientes, como es el caso.
Y es que parece que a esta fiscalía no le importa que el Estado de Colima de por sí esté posicionado vergonzosamente dentro de las 10 entidades de la República con mayor impunidad en lo que respecta a delitos dolosos, con un indignante 94.7% de casos de impunidad, muy por encima de la media nacional. Pero que se encuentre muy ocupada resolviendo delitos menores en los que, por cierto, muchos de sus sentenciados resultan ser chivos expiatorios.
Pero hablemos ahora de otro de los puntos sensibles y que lamentablemente ha llegado a convertirse en pan de cada día en nuestra sociedad: los hallazgos de fosas clandestinas. A inicios de este año, en el municipio de Tecomán se encontraron 11 fosas clandestinas que no dejan duda de los altos niveles de violencia en nuestro Estado. Fueron –hasta ese momento y según datos oficiales- al menos 30 cuerpos los que se encontraron en ellas.
Hoy en día Tecomán es considerada la ciudad más peligrosa de México. Ahí durante todo 2018 fueron asesinadas –según datos oficiales- al menos 191 personas. Esto se tradujo en una tasa de homicidios de 145.39 por cada 100 mil habitante. Muy por arriba de la media nacional, otra vez.
Miren, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 2016 nuestro estado de Colima tuvo LA MAYOR TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS a nivel nacional. Deshonroso lugar que mantuvimos hasta el 2018… Es decir, hace 3 años al menos 583 colimenses fueron asesinados. Esto se traduce en 68.23 casos por cada 100 mil habitantes cuando la tasa nacional era de 16.49.
Por otro lado, si miramos el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), descubriremos que hasta el mes de abril del 2018, las autoridades tenían conocimiento de al menos 595 personas que salieron de sus hogares y no regresaron nunca más. Y de estas casi 600 desapariciones, al menos 557 –que es un 93% del total- fueron reportadas entre los años 2012 y abril de 2018.
¿Pero qué podría esperarse cuando se mira un poco atrás, al revisar el historial de los primeros 3 años (que ya va para 4) de este Gobierno Estatal, ya que su titular, José Ignacio Peralta Sánchez – quien por cierto nos prometió que íbamos a vivir seguros- ha tenido hasta 3 procuradores (o fiscales) distintos; y hasta 3 secretarios de seguridad distintos.
Esto nos refleja la forma de operar del Poder Ejecutivo en cuanto a la procuración de justicia y prevención del delito, ya que parece que trabaja en razón de cada secretario por año, sin continuidad, lo que evidentemente nos lleva al desorden y la falta de seriedad en un tema tan sensible, tan dolido y tan importante para cualquier estado en el mundo: como lo es la seguridad y el bienestar de los gobernados.
Y qué decir de los crímenes por razones de género. Otra asignatura reprobada. Hoy en día, Colima tiene el récord nacional de “crímenes de alto impacto por razones de género” en cuanto a tasa poblacional. Los registros indican que 3.4 de cada 100 mujeres son víctimas de este delito en nuestra jurisdicción. Esto representa el triple de lo que se registra en todo el país. Y en cuanto a mujeres desaparecidas en todo el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Manzanillo cuenta con el 38% de los casos. Este es el municipio que lleva 16 años consecutivos siendo el lugar más peligroso para ser mujer, ya que ahí se cometen más del 29% de los feminicidios de todo el estado.
Además, el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos indicó que en tan solo 6 meses del 2018 se incrementó en un 600% el registro de asesinatos a mujeres respecto al mismo periodo del año anterior (2017). Estas son, como ya lo hemos expresado en esta legislatura anteriormente, cifras para las páginas más penosas en la historia de Colima.
Miren si Colima no es trágicamente conocido a nivel mundial que ya en diversas ocasiones ONU Mujeres ha manejado informes en los que nos colocan también en los primeros lugares por tasa de población en estos denigrantes casos. El año pasado fueron asesinadas al menos 77 mujeres, y ustedes, las autoridades, nos dijeron a la población que estos casos serían investigados como muchos más que pertenecen al crimen organizado, lo cual podría estar entorpeciendo la búsqueda de la verdad y por ende la impartición eficaz de la justicia. De hecho así se los hizo saber María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) al referirse a estos casos particulares en nuestro Estado.
Otro aspecto que preocupa mucho en esta misma materia, es el saber que desde el pasado 20 de junio del 2017 el Estado de Colima cuenta ya con la Alerta de Violencia de Género, como lo declaró oficialmente el Instituto Colimense de las Mujeres, pero hasta la fecha no hemos percibido como efectivo ningún protocolo de acciones gubernamentales a favor de la seguridad las mujeres, lo que nos hace preguntarnos: ¿En qué y cómo se ha implementado exactamente el recurso presupuestal que deviene con este mecanismo de protección a los derechos humanos?
Y hablando de recursos y finanzas… En el reciente reporte de esta fiscalía, de “auditoría sobre los manejos financieros y los procesos administrativos y organizaciones de las áreas de seguridad y justicia del gobierno estatal”, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en el ejercicio 2016 Colima no cumplió con varios de los objetivos para los cuales recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados. En general, Colima reportó 280 mil 294 metas en la “Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016”, de las cuales solo se alcanzaron 144 mil 638 antes de concluir ese mismo año, lo que representa un avance de apenas el 51.5%, quedando pendientes por cumplir 136 mil 285 metas. Entonces, ¿qué se hizo con el total de los recursos de este fondo?
Esta misma documentación también nos dice que los índices delictivos del estado se incrementaron respecto al año 2015 en un:
- 269.5% por robo a transeúnte
- En un 408.8% por robo a negocios
- Y en un 328.6% por extorsión.
Es decir, al año siguiente este índice delictivo se incrementó en un 58%.
Y hablando del índice delictivo general, por último nos referiremos a la escala nacional para los delitos con mayor incidencia como el robo de mercancía, dinero o equipo en tránsito (con un 22%), el robo de vehículos (con un 19%) y la extorsión o cobro de piso (15%) en el cual Colima tiene el mayor índice de todo el país, con un porcentaje de 20%.
Uno de los delitos de más impacto en la sociedad mexicana son los homicidios dolosos. Para este apartado, a nivel nacional los primeros 6 meses de 2019 nos dan una tasa de 2.4 víctimas por cada 100 mil habitante, lo que pone a Colima en primer lugar con la mayor tasa por encima de Baja California, Guerrero, Sonora y Chihuahua.
En este caso nuestra tasa triplica el promedio nacional, con 7.9 víctimas por cada 100 mil habitantes. A esto sumemos que Colima registra actualmente 295 carpetas de investigación delictiva por cada 100 mil habitantes, esto es más del doble del promedio nacional.
Y podríamos seguir, Licenciado, pero no terminaríamos. Creo que es trascendental que se expongan de manera general pero también puntual los datos que más preocupan e inquietan no solo a esta soberanía sino a todos los habitantes de Colima.
Aunque me hubiera gustado también enfatizar sobre la poca o nula operatividad de esta Fiscalía en los casos de maltrato animal, ya sea por abandono o crueldad que conlleven a lesiones o muerte, como se establece en los artículos 296, 297 y 298 del Capítulo de los Delitos Cometidos por Actos de Maltrato y Crueldad Animal, del Título Segundo de los Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales Domésticos en el Código Penal para el Estado de Colima; casos en los que aún queda mucho por hacer, y de los cuales podríamos posteriormente intercambiar ideas sobre las interesantes relaciones que existen entre el maltrato animal y las conductas criminales, que nos podrían incluso ayudar a prevenir muchos delitos si se hicieran las detecciones oportunas en este tipo de situaciones.
Para concluir, quiero decir que no podemos culpar a la sociedad colimense por no confiar en la manera en que se procura la justicia en nuestro Estado. Simplemente no podemos. Tienen razón legítima en su desconfianza. Lamentablemente los números no están a favor… ni a favor suyo como representante de la Fiscalía General del Estado, ni a favor nuestro como Poder Legislativo del Estado, porque ciertamente debemos estar juntos en esto, en lo que a cada quien nos compete y nos faculta la ley desde luego.
Por eso, le hago saber que desde la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes y a nombre de mis compañeras secretarias, así como de mis compañeros diputados que integran esta legislatura, que en nosotros encontrará un soporte y un aliado para coadyuvar esfuerzos, siempre y cuando el interés único y medular de nuestras acciones sea el bienestar de la sociedad colimense, basándonos en principios como la transparencia, la rectitud, la justicia y la congruencia. Porque justo ahora, al mirar los datos y ver la realidad, desde esta comisión no compartimos ni el optimismo, ni las prioridades ni los principios que hasta ahora ha mostrado el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.