La mañana de este jueves 12 de noviembre a través de una rueda de prensa, el Grupo Parlamentario de Morena del Congreso del Estado, informó que el proyecto del nuevo libramiento anunciado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez carece de viabilidad, no beneficiará a la población, compromete las participaciones federales del estado y representa un mero negocio para el gobernador y sus amigos.

El coordinador de la bancada, Vladimir Parra Barragán señaló que “en primer lugar no tenemos confianza en el gobierno del estado, ya que, de acuerdo con las encuestas, el 78.5% rechaza al gobernador; nosotros como representantes populares, al igual que el pueblo de Colima, no confiamos en él”.

Además, indicó que la bancada de Morena está a favor de inversión productiva y generación de empleos, “no estamos en contra de la inversión, al contrario, estamos a favor del sector empresarial que invierte y que genera empleos, pero sí estamos en contra de la corrupción, el mal manejo de los recursos y la opacidad de este gobierno”.

Recordó que, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presupuestó ese proyecto como posible obra de inversión público privada en 876 millones de pesos, y en octubre de 2019, el gobierno del estado lo presupuestó en 1 mil 914 millones de pesos, “más de mil millones de pesos, es un robo a despoblado que quiere hacer el gobernador Nacho Peralta”, mencionó Parra Barragán. Además, “en la nueva iniciativa ya le subieron, ahora son 2 mil 100 millones”, informó.

“No es una asociación público-privada, es una asociación pública para beneficio privado, ya desde ahorita están especulando con los terreros, el propio (Jesús) Sánchez Romo (Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano) dijo que la empresa ya tiene derechos de vía, cuando ni siquiera está construida”, señaló Vladimir Parra.

Además, enfatizó en que el proyecto “es una obra no solicitada, no está en el Plan estatal de Desarrollo, no tiene pies ni cabeza y compromete las finanzas del pueblo de Colima; no podemos comprometer aún más los recursos de la gente. Parece que (los funcionarios del Gobierno del Estado) no tienen llenadera, piensan que estamos en el año de Hidalgo, y eso no lo vamos a permitir”.

Explicó que, el Gobierno del Estado obligaría al 92% de los vehículos de carga a usar ese libramiento nuevo, y en caso de no alcanzar ese 92%, tendría que pagarle a la empresa 65 millones de pesos como garantía, recurso proveniente de participaciones federales.

“No entendemos al Gobernador, primero se queja de que, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le manda dinero, lo exhibimos como un mentiroso porque sí le llega y le llega a tiempo. Y ahora quiere comprometer las participaciones federales. ¿Cómo los va a obligar a los transportistas al 92% a que tomen un camino más largo?”, cuestionó.

Recordó además que es una política privatizadora de gobierno neoliberales, puesto que se le concesionaría dicho libramiento a la empresa de Guadalajara por 30 años, con posibilidad de prórroga. “Así estaba la caseta de Cuyutlán, ya se había pagado 100 veces y seguía prorrogándose la concesión. El presidente (López Obrador) puso orden a eso. Nosotros (la Cuarta Transformación) liberamos casetas y ellos crean casetas y ellos (el gobierno del Estado) comprometen los recursos (…) el proyecto huele a corrupción, huele a un negocio de sexenio, huele a finiquito donde hay varios funcionados metidos en ese negocio de fin de sexenio”, sostuvo.

Finalmente, declaró que este proyecto y los negocios que hay detrás fueron la razón por las cuáles les quitaron la mayoría en el Congreso. “Somos 6 compañeros en contra del libramiento y llamamos a todos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia a que rechacen este proyecto de saqueo. Esta fue la razón por la que nos quitaron la mayoría, fue la razón por la que conformaron el TUMOR (Todos Unidos contra Morena), por eso le quitaron la comisión de Desarrollo Urbano a la compañera Claudia Aguirre, por oponerse a este proyecto que no está bien hecho”.

Por su parte, la Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna explicó que, anteriormente, cuando ella presidía la Comisión de Desarrollo Urbano, le enviaron dicho proyecto y al hacer ese análisis puntual con ayuda de expertos y asesores, concluyeron que no existía viabilidad.

“Por esta razón, al advertir la inviabilidad del proyecto, me negué a la propuesta del Gobernador, para la aprobación de un nuevo Libramiento carretero en la capital del Estado. A ello se debió que, posteriormente, las diputadas y los diputados al servicio del Gobernador se aliaron para conformar el #TUMOR, y decidieran removerme de la Comisión que presidía, para entregarla a ‘alguien a modo’ del Ejecutivo y, de esta manera, se pudiera aprobar el dictamen en la referida comisión”.

Así mismo, Aguirre Luna indicó que, en su propuesta, “el Ejecutivo Estatal pretende trasladar el tránsito pesado a una carretera de un carril por sentido de circulación, en una primera etapa, y que además no menciona cuánto tiempo duraría esta primera etapa, y estamos hablando de tránsito que proviene de una carretera de seis carriles. Al respecto, surgen las siguientes reflexiones:

¿Cómo puede considerarse una solución a un problema de saturación el reducir el número de carriles disponibles y aumentar la distancia de recorrido? ¿Cómo le piensa asegurar el Gobernador a la empresa inversionista de la asociación público-privada el aforo de más de 9 mil vehículos de carga, en ambos sentidos de circulación, que le permitan recuperar la inversión? Hay que recordar que, en caso de no ser redituable para la empresa, el Gobernador pagará la indemnización respectiva a los inversionistas, con recursos provenientes del erario. ¿Cómo piensan obligar a que el tránsito se derive al nuevo libramiento propuesto, impidiéndoles que continúen su camino por la ruta actual, libre de peaje, sin violar su derecho fundamental de libre tránsito?”, cuestionó.

Además, la legisladora explicó que “en el primer intento de que se le aprobara la Asociación Público-Privada para esta ‘Vía Rápida’, el Gobernador Nacho Peralta propuso comprometer, hasta por 30 años, los ingresos correspondientes al Impuesto Sobre la Nómina. Ahora, en este segundo intento, busca que la rentabilidad de este proyecto sin pies ni cabeza sea garantizada por el Estado con recursos provenientes de participaciones federales, con las cuales le aseguraría a los empresarios su inversión, aun cuando se trata de un proyecto que carece en lo absoluto de viabilidad; para tal efecto, el Ejecutivo Estatal ha reconocido públicamente que tendrá que otorgar una fianza por 90 millones de pesos, para asegurarles a estos empresarios de Guadalajara, con dinero público, la recuperación de su inversión, lo que representaría que, con dinero de las y los colimenses, se garanticen beneficios económicos de los particulares que quieren ejecutar la obra”, sostuvo.

Claudia Aguirre expresó claramente que el Gobierno Estatal pretende que se autorice un proyecto “que no resuelve la problemática del transporte público de carga en nuestra ciudad, que fue elaborado sin consultar a los especialistas en las diversas áreas involucradas y que, precisamente por su inviabilidad, va a representar, a corto plazo, un severo golpe para las finanzas públicas estatales, en beneficio de los intereses particulares de unos cuantos”.

Finalmente, señaló que el proyecto no cuenta con la opinión técnica favorable en cuanto a la viabilidad del proyecto, por parte de la SCT; no cuenta con la autorización por parte de la SCT, respecto de los entronques que se pretenden realizar; no se ha presentado un proyecto ejecutivo que demuestre su viabilidad; no se ha determinado el derecho de vía, es decir, no se ha acreditado que se tienen condiciones favorables para contar con la autorización de los propietarios de las tierras que resultarían afectadas; no existe dictamen de impacto ambiental; no se cuenta con información pública respecto del proyecto, en el portal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; no cuenta con los estudios de Costo Beneficio y Factibilidad; no cumple con los extremos legales a que se refieren los artículos 19, 25, 28, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Colima.

Por lo anterior, las y los diputados morenistas expresaron que votarán en contra de este proyecto, porque, además, mencionaron que el gobernador Peralta Sánchez ya está actuando a espaldas de la gente. “Ya se reunió con diputados, están tratando de comprar conciencias, a los 6 diputados de Morena son a los únicos que no llamó, a los que nos opusimos a la deuda. Se debe de consultar a la gente, no hacer negocios, no permitir la corrupción”.