El día 6 de julio de 2020, la Diputada Local Claudia Gabriela Aguirre Luna, presentó una
denuncia ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de
Colima (OSAFIG), en contra de José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional de
Estado de Colima, Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Colima, y/o cuantos servidores públicos resulten responsables, por el
presunto desvío de recursos públicos, con motivo de la realización del proyecto denominado
“C5i” a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, toda vez que se pudieran haber causado presuntos
daños y perjuicios a la hacienda pública estatal.

La legisladora estatal, solicitó al OSAFIG que de conformidad a sus atribuciones
Constitucionales y legales en materia de fiscalización de los recursos públicos, lleve a cabo una
revisión especial al referido proyecto, a fin de que, con la investigación respectiva, se
determine si existen irregularidades en su ejecución, para que en su oportunidad remita al
Congreso del Estado de Colima, el informe específico y en su caso promueva las acciones
legales correspondientes en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

La representante popular, señaló que su denuncia encuentra sustento en las siguientes
razones específicas:
1.- De acuerdo al contrato de prestación integral de servicios, a que se refiere el citado
proyecto “C5i”, celebrado el 20 de octubre de 2017, entre la empresa denominada
“SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V.” y el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado de Colima, el monto total estimado para la implementación del proyecto, fue por 818
millones 069 mil 307 pesos.

2.- En los presupuestos de egresos correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, le
fueron autorizados el Poder Ejecutivo Estatal, para el proyecto denominado “C5i”, la cantidad
de 161 millones 568 mil 688 pesos, en cada uno de los ejercicios fiscales antes referidos.

Adicionalmente, mediante Decreto 617, aprobado por la quincuagésima octava Legislatura
Estatal, el 27 de septiembre de 2018, el Congreso del Estado, aprobó un crédito, que entre
otras cosas, autorizó la cantidad de 150 millones de pesos, para la construcción del proyecto
denominado “C5i”.

En ese sentido, apuntó la legisladora, que de acuerdo a los montos autorizados mediante
endeudamiento y presupuesto de egresos, para el proyecto denominado “C5i”, entre los años
2017 a 2020, de haberse ejercido la asignación presupuestal autorizada, el Poder Ejecutivo

Estatal, habría invertido ya en ese proyecto, la cantidad total de 798 millones 319 mil 915
pesos.

Lo anterior representa, que casi se ha pagado en su totalidad el proyecto, conforme a lo
establecido en el contrato.

3.- No obstante lo anterior, el pasado día 2 de julio, Titular del Poder Ejecutivo, solicitó al
Congreso del Estado, un nuevo endeudamiento para el proyecto denominado “C5i”, por el
orden de los 500 millones de pesos.

Lo anterior, representaría, que la inversión pública realizada en el referido proyecto,
ascendiera a la cantidad total de 1 mil 298 millones 319 mil 915 pesos, lo que representaría un
incremento injustificado en el proyecto, por el orden de los 490 millones 476 mil 475 pesos.

Con base en lo anterior señala la Diputada Local que: “ los servidores públicos denunciados,
con su conducta, violentaron el marco Constitucional y legal de la materia, toda vez que existe
un desfase significativo entre los recursos presupuestados y los que aparentemente se han
ejercido en la implementación del citado proyecto, aunado al hecho de que los supuestos
avances que muestra el proyecto, tampoco corresponden al nivel de ejercicio de los recursos
presupuestados, lo que hace suponer que los recursos autorizados para aplicarse en el referido
proyecto, fueron desviados para fines diversos a los autorizados, por lo que invariablemente
obliga a que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en ejercicio de las
facultades legales y Constitucionales de las que ha sido investido, lleve a cabo una revisión
especial respecto del proyecto denominado “C5i” a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, con la
finalidad de que se determine si José Ignacio Peralta Sánchez, en su carácter de Gobernador
Constitucional de Estado de Colima, Carlos Arturo Noriega García, en funciones de Secretario
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y/o cuantos servidores públicos
resulten responsables, tienen responsabilidad, por el presunto desvío de recursos públicos,
acciones con las que se pudieran haber causado presuntos daños y perjuicios a la hacienda
pública estatal.”