El Poder Legislativo aprobó el punto de acuerdo presentado por la
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, para que el Congreso de Colima a
través de su representante jurídico, formule ante la Fiscalía General
del Estado, la denuncia contra servidores públicos de diversas
dependencias estatales y municipales, por el presunto delito de desvío
de cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Colima
(IPECOL).

La denuncia es contra servidores públicos del Gobierno del Estado, DIF
Estatal, la propia Fiscalía, así como los Ayuntamientos de Colima y
Villa de Álvarez, que pudieran resultar imputados por el hecho que la
ley señala como delito previsto en el Código Penal para el Estado de
Colima.

También instruyó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental (Osafig), para que en términos de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas, inicie el procedimiento de
investigación para fincar responsabilidad administrativa contra el ex
director y del actual director del IPECOL.

Estas acciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 días
naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo,
señala el propio documento que fue avalado por el Pleno de Congresistas.

La legisladora de Morena expuso que el tipo penal de desvío de cuotas y
aportaciones consiste en que un servidor público descuente dinero a
personal de una entidad pública y omita destinarlas a lo que estaban
previstas, o los aplique a fin distinto al establecido, con lo que se
incumple la obligación de enterar las referidas cuotas o aportaciones a
determinadas instituciones públicas, sociales o privadas.

Dijo que es una conducta susceptible de presentarse y qué mejor que
disuadirla por la vía penal, porque es un clamor social el que se
aplique todo el rigor de la ley a este tipo de conductas, que afectan el
patrimonio de trabajadores aprovechándose de un cargo público.

Claudia Aguirre recordó que desde esta tribuna ha realizado distintas
acciones para que IPECOL cumpla sus obligaciones y cobre a los entes
públicos las aportaciones que no han sido entregadas, sin embargo por
miedo o incompetencia este Instituto ha fracasado en dicho objetivo.

“Es notorio el caso de su ex director, que prefirió renunciar a afrontar
las consecuencias legales de su negligencia, creyendo ingenuamente que
con su renuncia evadiría las consecuencias legales de su pésima
actuación”, señaló la legisladora local del Grupo Parlamentario de
Morena.

Añadió que con el nuevo director es igual, pues ha quedado claro que
obedece a intereses ajenos al bienestar del Instituto de Pensiones y los
trabajadores a quienes debería servir; basta recordar que hace unas
semanas el Congreso le pidió, en un acto de buena voluntad, enviara a
esta Legislatura un informe de las acciones que ha emprendido para la
recuperación de los adeudos.

Sin embargo, consideró dicha respuesta como “mediocre y pusilánime”,
evidenciando la implementación de una estrategia dilatoria para evitar
el ejercicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que por
supuesto que perjudicaría los intereses de quienes lo llevaron a dicho
puesto.

Ante la falta de acciones contundentes del IPECOL y debido a la urgencia
de acabar con esta mala práctica que constituye actos de corrupción, y
dado que este tipo penal no requiere de querella alguna para su
investigación, se propone que esta Legislatura presente denuncia ante la
Fiscalía General del Estado, para realizar la investigación
correspondiente.

Aguirre Luna estimó que esa investigación no es complicada, pues basta
acreditar que después de febrero de 2019 no se entregaron al IPECOL las
cuotas correspondientes para que quedé acreditado el ilícito. El mismo
Instituto de manera gris y mediocre ha evidenciado que los entes
mencionados le adeudan aportaciones, siendo suficiente dicho dato para
dar trámite y entrada a esta denuncia.

PRIMER PAQUETE DE DENUNCIAS

La Diputada recordó que aunque son diversos los entes que adeudan al
Instituto de Pensiones, se optó por un primer paquete de denuncias,
tomando como criterio los entes que más adeudan hasta abril de 2019 a
IPECOL, que es la última fecha que se tiene disponible pues a partir de
dicho periodo el propio IPECOL se ha rehusado a transparentar los
adeudos, no obstante que por obligación debe ser información pública.

Por todo lo anterior, el Congreso del Estado instruya al Osafig para que
inicie el procedimiento de investigación y fincar la responsabilidad
administrativa contra el ex director y actual director de IPECOL,
quienes con su actuar incumplieron sus obligaciones legales, causando
perjuicio a las finanzas del Instituto a su cargo.

Con esta inacción de ambos funcionarios, las y los trabajadores de las
dependencias públicas han visto menguadas sus pensiones, préstamos y
servicios médicos, lo que representa faltas administrativas graves en
términos de la ley general de responsabilidades administrativas,
concluyó la legisladora Claudia Aguirre.