Por Vladimir Parra Barragán

Columna: Estación Esperanza

“Equivocadamente, a veces, se le atribuye una responsabilidad al individuo sobre lo que come y cómo se alimenta, pero en realidad la causa raíz, la causa principal es qué alimentos están disponibles, y en México tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas o en forma de productos industrializados sólidos”. Hugo López-Gatell

México es un país enfermo, lo dije hace unos días en esta misma columna, al retomar las palabras del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, cuando describía el lastimoso estado de salud que ha provocado en las y los mexicanos la presencia descontrolada de alimentos ultra procesados y de bebidas azucaradas en exceso.

En Colima, como en el resto del país, cada esquina es habitada por un anuncio de Coca-Cola y de Sabritas a la espera de que la mirada infantil caiga cautiva. Para esas empresas no hay principios, poco les importan las consecuencias en la salud de niñas y niños colimenses, que a la postre, serán adultos y acarrearán con ellos las consecuencias de hábitos alimenticios erróneos en su edad temprana. 

Insisto. Colima también es una entidad en padecimiento. Hay un alto nivel de personas con obesidad, un buen número de colimenses padece diabetes, hipertensión y un elevado nivel de lípidos en la sangre. Cada vez es más alto el porcentaje de la población que padece estas enfermedades y año con año las estadísticas crecen. Debemos poner un alto hoy o las consecuencias se van a vivir gravemente en unos años.

Hasta hoy, según cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el 80 por ciento de las personas que murieron a causa del Sars-Cov2 ya presentaba alguna de las comorbilidades que agravaron los síntomas del COVID-19: diabetes, obesidad y los padecimientos cardiacos asociados a ellas, han sido los factores determinantes en la sobrevivencia o no de quienes han enfermado a causa de la pandemia. Estos padecimientos tienen su origen –la mayoría de ellos- en la calidad de los alimentos que consumimos.

México vivió un régimen neoliberal que permitió la propagación de los productos de empresas sin principios que han distribuido en todos los rincones del país sus alimentos “chatarra” y su “veneno embotellado”. Así, nuestros niños han sido alimentados por décadas de desatención y por una industria de comidas ultra procesadas que actúa sin principios ni regulación; en un escenario en el que abundó la falta de educación nutricional y escaseó la medicina preventiva.

La diferencia entre la 4T y el viejo régimen se puede recuperar en este episodio: en 2016, cuando atestiguó la apertura de una planta procesadora de Coca-Cola, el expresidente neoliberal Enrique Peña Nieto se dijo “fan” de los productos de esa empresa y aseguró que los consumía todos los días; en cambio, hace unas semanas, durante una gira por el sur de México, el Presidente López Obrador, defendió el sistema alimenticio de la Milpa y llamó a recuperar los cultivos y productos tradicionales originarios de México: el maíz, el frijol, el chile, la calabaza criolla y los productos de temporada que fueron la base alimenticia de los mexicanos durante centenares de años.

¿Qué propusimos en Colima contra los alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas?

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en el año 2018, establece que el 8.2 por ciento de la población infantil con edad de 0 a 4 años tiene sobrepeso, y el 22.2 por ciento se encuentra con riesgo de sobrepeso. De igual forma, el 18.1 por ciento de los menores entre 5 y 11 años tiene sobrepeso y el 17.5 por ciento obesidad, ambos factores suman el 35.6 por ciento de la población en este rango de edades que padece alguna de estas dos condiciones.

Pero entre más aumenta la edad, también incrementa el porcentaje de jóvenes que padecen sobrepeso y obesidad. Pues quienes se encuentran entre los 12 y 19 años, el 23 por ciento tiene sobrepeso y el 14.6 por ciento obesidad, sumando entre las dos el 38.4 por ciento.

En el caso de Colima, la misma encuesta de 2018, ubica a nuestra entidad en el tercer lugar nacional en índice de sobrepeso y obesidad, y el primer lugar de obesidad en jóvenes de entre 12 y 19 años. Además, el 17.2 por ciento de la población de 20 años o más, tienen diagnóstico previo de hipertensión; y el 10.8 por ciento de población en ese mismo rango, tiene diagnóstico previo de diabetes.

Con estos datos, a nombre dela Bancada de Morena, mi compañera Livier Rodríguez y yo, además de sumar la voluntad de la compañera del PT, Ana Karen Hernández, consideramos que este es el momento de poner un alto a la distribución y venta de “comida chatarra y el veneno embotellado”.

Advertimos desde ahora, emulando a nuestros colegas de Morena en el Estado de Oaxaca, que se deben establecer mecanismos de control para evitar que las niñas y niños consuman productos que poco aportan a su sana alimentación.

Es por ello que la propuesta presentada en el pleno del Congreso del Estado plantea diversas reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, entre las que destaca la prohibición de:

I.- La venta a menores de edad de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas;

II.- La autorización o permisión por parte de las autoridades, para distribuir, regalar o suministrar a menores de edad, bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas, dentro de los planteles educativos públicos y privados de educación básica y media superior;

III.- La venta, distribución o exhibición de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas, a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras, en planteles educativos, públicos y privados de educación básica y media superior.

Además, se establece la prohibición de publicidad de alimentos chatarra en instituciones educativas públicas y privadas, entre otras medidas.

Esta reforma que ahora proponemos en Colima, obedece a los principios que la Cuarta Transformación plantea. Implica una nueva visión en el cuidado de la salud pública y en la salvaguarda del bienestar de la población, sin el privilegio de los intereses económicos de unas cuantas corporaciones internacionales y sus socios distribuidores en el país.

¿Qué falta para que entre en vigor? Que se estudie en las comisiones legislativas correspondientes y luego se someta al pleno del Congreso del Estado. A ver si lo hacen con la misma premura que se aprobó el crédito al Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, con el argumento de que el dinero era necesario para ayudar en la lucha contra la pandemia de COVID-19.  Esta reforma sí es urgente. Ya veremos qué dice la mayoría del PRIAN-MC en el Legislativo.