• No se puede hacer legal, lo ilegal
  • Es la ley quien desacredita el contrato de logística de fluidos

 

Será este jueves 29, cuando el consejo de administración de la API Manzanillo, resuelva el tema del contrato cedido a Logística de Fluidos y Graneles y que ahora mantiene al director de API Ovidio Noval Nicolau en el ojo del huracán, señalado por medios nacionales que informan de un contrato que la ley lo desacredita.

Hoy el periódico El Excélsior, a través del columnista  Darío Celis, habla sobre el tema.

“Si una palabra define a Arely Gómez González, es integridad. Lo demostró como senadora del PRI, como titular de la PGR y ahora como secretaria de la Función Pública (SFP).

En el penúltimo día del gobierno de Enrique Peña Nieto la titular de la SFP deberá demostrar esta calidad, aplicar la ley y, de paso, desactivar un escándalo político que estalle en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que mañana se realizará el último Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, (APIMAN), y todo apunta a que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SCT, Enrique Parra Correa, junto con el representante legal del gobierno de Manzanillo, pedirán cancelar el permiso otorgado a la empresa Logística de Fluidos y Graneles.

Esto, por la cesión parcial de derechos y obligaciones para la instalación, construcción y operación de una Terminal Portuaria Especializada en el Manejo de Fluidos, en el Vaso II Laguna de Cuyutlán. Por este caso llegó a la oficina de la titular de la SFP, así como a la del encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y al titular del OIC, una denuncia en la que se pide investigar la posible participación de funcionarios públicos.

La denuncia contiene, entre otros documentos, un expediente con Escritura número 113, Notaría Pública número 71 de Torreón, Coahuila, que indica que la empresa Logística de Fluidos y Graneles pagó más de tres millones de dólares por transferir a terceros (Jesús Ramón Álamo Navarro y José Joaquín Álamo Navarro) un permiso que todavía no está autorizado por el consejo de la APIMAN.

Así, el consejo que encabezan Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, y José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, tendrá la última palabra sobre la concesión que obtuvieron las familias Álamo y Sánchez y que luego de venderla hicieron un negocio que podría involucrar a funcionarios federales.

En el acta de consejo de Logística de Fluidos y Graneles, y de la Promotora de Ductos Nacionales, se señala que el pago de la operación sería a la firma del acuerdo, una vez aprobado en el consejo de la API Manzanillo y registrado en la dirección General de Puertos.

Se espera que en el consejo de mañana, y al que asisten Alejandro Silva Ríos, director general de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda, así como Agustín Luis Trejo Ramos, delegado federal de la Secretaría de Economía, amén de otra decena de funcionarios federales, se inclinen por el respeto a la legalidad. El proceso judicial corre en otra pista en la PGR”.

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